La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, llegó a la Comunidad de San Marcos, de la Parroquia Tundayme, Cantón el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe de Ecuador, en el que se logró constatar el «desastre» ambiental que provoca la explotación minera a cielo abierto en la fase incial. El gobierno ecuatoriano brinda seguridad y garantías a las transnacionales, en este caso a la empresa minera Ecuacorriente. S.A., pero violenta los derehos de la naturaleza y los derechos humanos. El pasado 30 de Septiembre fueron desalojados 13 familias de la zona.
«Esto es un desastre» dice Jorge Herrera presidente de la CONAIE al bajarse del cameón en el que lograron ingresar a la sitio donde se construye una piscina para el proceso minero. Jorge Herrera y otros compañeros que acompañaron a la comitiba fueron trasladados en un cameón que llevaba una chiva, porque a decir del propietario del cameón no dejarían ingresar.
Antes de que las autoridades de los Pueblos y las Nacionalidades se suban a la travesía, Segundo le indica que al llegar al control «solo deben agachar la cabeza y no decir nada», pero en caso de que fueran decubiertos que dijesen «somos autoridades». Con las primisas dadas se enbargan.
El camino que une la Comunidad San Marcos con la Parroquia Tundayme es lleno de baches, porque ahí circulan los «tremendos montruos», maquinarias que se utilizan en la explotación minera a cielo abierto.
El lodazal provocado por la exploración y circulación de las maquinarias imposibilita la circulación de los vehículos pequeños por la vía «pública», y peor de los transeúntes. Los comuneros de la zona señalan que no pueden estar tranquilos mientras la empresa siga en el lugar, porque mencionaron que existirán más desalojos. «Ya están efectados 13 familias, pero ellos no son todos» afirma.
Abel Arpi, de la Asamblea de los Pueblos del Sur, indica que es penoso observar que los ríos contaminados. «Ahora el río ya no tiene su color propio, está amarillento y no sirve para el consumo humano, de los animales». Por ello asegura que es un atentado a los derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos.
Mientras se observaba el río contaminado, el bosque destruido y las distintas operaciones, perforaciones que hacen a la tierra llegaron los encargados de seguirdad y empezaron a decir de forma grotezca «¡No pueden estar aquí, esto es propiedad privada!». Intentaron sacar a las autoridades de los pueblos y nacionalidades a empujones. Quienes realziaban la inspección solo dijeron que averiguaban por qué no hay paso en una vía pública. Los de seguridad de la empresa dijeron «hay que llamar a la policía».
El 30S las 13 familias fueron desalojados de forma violenta por la Policía Nacional del Ecuador y la seguridad de Ecsa. Aunque el gobierno mencionó que fue pacífica, las evidencias dicen lo contrario.
Los familiares señalaron que lucharán por sus tierras y no permitirán que extranjeros se apropien de sus territorios. Una mujer mayor dijo «San Marcos está en peligro desde que llegó la minera china Ecuacorriente». Pero aseguraron que recuperarán y no permitirán que destruyan más la naturaleza y los desalojen de sus territorios.
