Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

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Foto: Muro de Luis A. Saavedra

Ayer, 16 de febrero de 2016, la Unidad de Flagrancia emitió boleta de libertad a Mario Faritd, quien fue detenido durante el levantamiento indígena y paro nacional el pasado 13 de agosto. Estuvo preso en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato.

Mario fue acusado por el presunto delito de ataque y resistencia tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se lo sentenció a seis meses de prisión, a pedir disculpas públicas y a cancelar tres salarios básicos unificados. Esto luego de acogerse al procedimiento abreviado que consiste en el reconocimiento de la culpa, aunque no sea autor del delito que le imputan.

Mario es un comerciante de 26 años. Fue detenido la tarde del 13 de agosto de 2015 por la Policía mientras regresaba a pie a su casa por la zona de las manifestaciones en el Centro Histórico de Quito. Ahí intervino para ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada por los policías. Por ello, los gendarmes le propinaron puñetazos y golpes con toletes; le patearon reiteradamente y lo obligaron a montarse a una motocicleta policial, donde un policía continuó golpeándolo en las costillas.

En Ecuador continúa la persecución y criminalización a luchadores sociales y defendores de la vida. El próximo 21 de marzo inicia audiencias contra 29 miembros del pueblo Saraguro. En la amazonía, 4 de los 7 luchadores sociales de Pastaza fueron condenados a 6 meses de cárcel.

“En el Ecuador, el procedimiento abreviado es un procedimiento especial que se ha introducido con claros objetivos de carácter político – criminal, utilitarios para hacer más eficiente la persecución penal y cumplir con los principios constitucionales de oportunidad, celeridad y mínima intervención penal”, así lo registra la Fundamentación del Trámite del Procedimiento Abreviado.

El caso de Mario fue documentado por Human Rights Watch en su informe Ecuador: represión contra manifestantes: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales de viviendas Human Rights Watch “revisó un informe médico que documenta sus lesiones.

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Texto: Muro de Luis. A. Saavedra – Conaie Comunicación