Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, rindió, el martes 29 demayo, versión por el presunto delito de secuestro y extorsión concerniente al caso de estafa masiva con criptomoneda Bitcoin, en el que el movimiento indígena abrió un proceso de investigación a través de la jusrisdicciónde la justicia indígena desde finales del año 2017.
En enero del 2018, el MICC inició un proceso de recopilación de denuncias por estafa masiva que la red piramidal Bitcoin operaba en la provincia de Cotopaxi, proceso que inicialmente se sostuvo en comunidades indígenas y en cuyo trascurso se sumaron denuncias del área urbana. Posteriormente, tomó connotación nacional por los numerosos casos de estafa. Leonidas Iza asegura que son alrededor de 112.000 casos denunciados en el territorio ecuatoriano.
El Presidente del Pueblo Panzaleo acudió ante la Fiscalía de Pichincha acompañado de varios dirigentes para cumplir con la diligencia de versión de los hechos. Luego de ello, Iza mencionó que “ante la ineficacia de la justicia ordinaria hemos tenido que asumir incluso las denuncias de estafa que surgieron del área urbana”.
Jaime Vargas, presidente de CONAIE, exigió el cese a la persecución política de los dirigentes del movimiento indígena a nivel nacional. Por ello, anunció que “de no llevarse este caso de manera debida por la Fiscalía de Pichincha, elevaremos este reclamo a otras instancias».
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, con respaldo de la organización nacional – CONAIE, en meses anteriores planteó a la Fiscalía General del Estado un acuerdo de cooperación y coordinación entre justicia ordinaria y justicia indígena, tal y cual estipula la Constitución, para el tratamiento del caso de estafa en modalidad Bitcoin. El argumento para negar este acuerdo fue que la justicia indígena tiene ausencia de legitimidad y competencia. La posición asumida por Fiscalía fue calificado de discriminación y racismo por parte de los dirigentes, debido a que niegan cualquier acción de cooperación.
En el proceso de investigación hecha por las autoridades del pueblo Panzaleo se detectó a responsables involucrados en la estafa masiva de criptomoneda.
Leonidas Iza Salazar, junto a 40 personas más, entre dirigentes y comuneros se enfrentan ante la justicia ordinaria contra varios procesos legales por el simple hecho de aplicar la justicia indígena en los territorios comunitarios.
Iza Salazar a la fecha, 30 de mayo de 2018, enfrenta cinco acusaciones más por los siguientes presuntos delitos:
| FISCALÍA | N° EXPEDIENTE | DELITO | DENUNCIADO | DENUNCIANTE |
| Fiscalía de delincuencia organizada, transnacional e internacional 2 – Quito |
170101817120006 | Secuestro | Leonidas Iza Salazar, Ernesto Jami, Esther Vargas | Fiscalía
Dra Muñoz |
| Fiscalía de Sigchos | 050701817070013 | Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras | Ayala Vega José, Ayala Vega María | Andino Armas Gloria |
| Fiscalía de Sigchos | 050701818030011 | Usurpación y Simulación de funciones públicas | Leonidas Iza Salazar, Manuel Ilaquiche | Fiscalía
DR. Armando Armendariz |
| Fiscalía de Sigchos | 050701817070012 | Incitación a la discordia entre ciudadanos |
Leonidas Iza Salazar | Andino Armas Gloria |
| Fiscalía de Sigchos | 050701818030007 | Intimidación | Leonidas Iza Salaza | Ayala Vega María Laura
Fiscal Dr. Gerardo Nogales |
Argumentaciones por parte del equipo jurídico del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi-MICC
– Las autoridades de justicia ordinaria se negaron rotundamente a la investigación de justicia indígena por el caso bitcoin, argumentando falta de competencia.
– Se negaron a un acuerdo de cooperación y coordinación como garantiza la Constitución en el artículo 171, señalando falta de legitimidad y competencia de la justicia indígena, incluso con una posición de discriminación y racismo niegan cualquier acción de cooperación.
– La investigación llevada a cabo bajo la jurisdicción de justicia indígena dejó una serie de pruebas acumuladas en varias carpetas, las cuales con la convicción de que se haga justicia, el MICC decide entregar a Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N°7 a cargo de la Fiscal, Maribel Vargas, en la cual se encuentra un proceso contra los cabecillas de la red de estafa Bitcoin, para aportar en el proceso. Sin embargo, la Fiscal se niega rotundamente a recibir cualquier documento, señalando de igual manera falta de legitimidad de la justicia indígena.
– La Fiscal Vargas señala que se debió sacar una cita para hablar con ella, lo cual es absurdo y contrario al derecho de acceso libre y directo a la justicia.
-El MICC buscará entregar las pruebas a Fiscalía General y deja claro que el proceso ahora está íntegramente en la justicia ordinaria y exigimos al Estado dé respuestas ante este caso de conmoción nacional.
– Demandaron que el Estado y la justicia ordinaria es la única que puede resolver este caso, entonces ahora demandamos que sean eficientes y den respuestas, así como dejamos toda la responsabilidad a las autoridades estatales frente a las víctimas.
Fuente: MICC
CRIMINALIZACIÓN
– Estamos totalmente indignados ya que el Estado en vez de buscar a los responsables de esta estafa ha abierto una investigación por el delito de secuestro contra las autoridades indígenas que investigamos el caso Bitcoin, las víctimas para el Estado somos los victimarios.
– Es absurdo que se criminalice a autoridades de justicia indígena por ejercer una facultad constitucional, es como que un juez o fiscal sea perseguido por el Estado y la ley penal por investigar un delito.
– Denunciamos de manera enérgica la persecución y criminalización a autoridades indígenas por administrar justicia indígena
-El Micc, a la cabeza su presidente Leonidas Iza Salazar, enfrenta 5 investigaciones penales por circunstancias a la administración de justicia indígena.
-Exigimos a Fiscalía General del Estado que se revise esos procesos y se archive.
– Exigimos una revisión de la actuación de ciertos fiscales que usan el derecho penal para perseguir a dirigentes indígenas, como es el caso de la Fiscalía de Sigchos.
– La Fiscalía tiene la función de investigar un presunto delito, mas no de perseguir a dirigentes indígenas.
– Las autoridades indígenas actuamos bajo la capacidad jurisdiccional que nos otorga la constitución, no podemos ser criminalizados por ejercer este que es nuestro derecho.
– El Micc estará atento ante la persecución judicial que viven sus dirigentes y exigirá al Estado que respeten a sus autoridades.
– Exigimos que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública se pronuncien sobre la criminalización de autoridades indígenas por administración de justicia.
Fuente: MICC
Comunicación Conaie