D.M., Quito, 07 de mayo 2020
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE expresa su respaldo a la juventud ecuatoriana y al movimiento estudiantil que ven mermados sus derechos a una educación digna y de calidad con la ilegal e inconstitucional reducción del 10% al presupuesto de 32 instituciones de educación superior.
Las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno, su gabinete y autoridades, así como la priorización del pago de la deuda con el FMI, demuestran que la educación, la salud y el empleo no son sectores prioritarios en esta crisis sanitaria, para este gobierno son gastos más no derechos. El recorte del presupuesto universitario bordea los USD 98' 210 190 afectando a más de 30 entidades de educación superior pública. Este recorte es arbitrario, ilegal e inconstitucional, pues el Art. 165, N.º 2 de la Constitución, establece que: "declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la república podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, EXCEPTO los correspondientes a SALUD y EDUCACIÓN".
En este sentido, expresamos nuestro respaldo a las acciones de la huelga educativa desde el movimiento estudiantil organizado, docentes, y trabajadores de la educación por la defensa de sus derechos y conquistas históricas; respaldamos las acciones de rechazo en contra del recorte presupuestario. Comprometidos con la defensa de los derechos colectivos, nos unimos a la movilización en defensa de la universidad pública, considerando que en los centros de educación superior del país se forman los jóvenes de los pueblos, nacionalidades indígenas, campesinos, de escasos recursos económicos del campo y la ciudad; quienes, con este atentado contra la educación pública estarían afectados en su proyección de continuar con la educación superior y formarse con calidad y dignidad.
Así mismo, denunciamos que la situación de la educación en los sectores rurales es sumamente preocupante, por lo cual la coyuntura que ahora enfrenta la educación pública superior no es ajena con la realidad de la educación pública, intercultural y comunitaria, de tal manera que nos lleva a exigir con énfasis la demanda de la universidad público comunitaria, Amawtay Wasi.
Las medidas económicas no deben ensañarse con la educación pública como disposición para enfrentar la actual crisis económica, pues antes de la pandemia por Covid19 el gobierno de Moreno redujo a la educación pública: 2018: USD 83 millones; 2019: USD 90 millones; 2020: USD 98 millones, sin embargo, en el año 2019 condonó las deudas por más de USD 4500 millones de dólares a los grupos empresariales y financieros quienes en esta crisis no aportan con fondos solidarios reales.
Ante todas estas irregularidades en el sector de la educación superior pública, respaldamos el llamado a juicio político a Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, quien deberá explicarle al país cómo se efectuó este recorte que afecta gravemente los derechos de maestros, estudiantes, trabajadores y pone al sector de la educación en una altísima condición de vulnerabilidad en medio de los críticos momentos que vivimos en el contexto de la pandemia. Esperamos que la Asamblea Nacional sea coherente en su actuación pensando en la población y el bienestar del país ante este hecho que ha conmovido a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Por todo esto, las medidas de aislamiento social no pueden servir de pretexto para imponer reformas en contra de los derechos del pueblo ecuatoriano, nos mantenemos en alerta para defender a nuestros pueblos indígenas, a la clase trabajadora y campesinos, a la educación pública ecuatoriana, por el libre ingreso de los jóvenes y por una educación de calidad.
Por el Consejo de Gobierno
Jaime Vargas
Presidente de la CONAIE