La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, junto a sus regionales: CONFENIAE, ECUARUNARI, CONAICE; dirigentes de los pueblos y nacionalidades de las diferentes provincias, reunidos de manera presencial el día 6 de septiembre de 2023, observamos con preocupación que, la situación política, económica y social en la que se desenvuelve el Ecuador demuestra el fracaso de un modelo económico neoliberal.
En los últimos años con el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza la crisis sobre los hogares de los ecuatorianos se ha incrementado y no solamente en lo que respecta al ámbito laboral y económico sino, ahora se ha agravado con la inseguridad que afecta a todos los estratos de la sociedad ecuatoriana.
Está situación ha puesto al Ecuador en la necesidad de replantear su modelo de desarrollo, dejando a un lado un modelo extractivista, monopolizador e injusto, que ha hecho del Estado y las instituciones públicas estructuras que sustentan y fomentan negocios privados desconectados de la realidad de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
La necesidad de replantear un modelo obliga a buscar la participación y acuerdo con las grandes mayorías de ecuatorianos. Un modelo democrático y participativo donde estén integradas todas las visiones y realidades que conforman nuestro país.
En este sentido, la CONAIE está llamada a seguir luchando por el proyecto plurinacional en el que se incorporen todos los sectores populares del Ecuador.
Por lo cual, luego de un profundo análisis, el Consejo Ampliado de la Conaie resuelve:
- El Consejo Político de la CONAIE y el electo Comité Ejecutivo del MUPP, en conjunto con las compañeras asambleístas, construirán una agenda y estrategia legislativa de acuerdo al proyecto político de la CONAIE y el Movimiento Pachakutik.
- Exhortar a la Corte Constitucional que determine la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos 754 y 604, que atentan contra los derechos de consulta previa, consulta ambiental y consulta prelegislativa, se desarrollará una acción con las comunidades afectadas por la defensa de sus derechos.
- Exhortar al Tribunal Contencioso Electoral – TCE a emitir una sentencia favorable, reconociendo la legalidad de la elección del nuevo coordinador de Pachakutik, el compañero Guillermo Churuchumbi y su Comité Ejecutivo, pues se ha demostrado en derecho su legal y legítima elección.
- La CONAIE no se pronuncia a favor de ningún binomio presidencial y en este escenario de la segunda vuelta electoral posicionamos y sostenemos nuestro proyecto político y la agenda de lucha de los pueblos, nacionalidades y sectores sociales.
- La CONAIE y su estructura consecuente con su propio proyecto político de izquierda, que se ha construido a través de las luchas de los pueblos y nacionalidades, campesinos, obreros, mujeres y jóvenes desde 1994, de cuyos principales principios y postulados no han sido considerados en los programas de gobierno por los partidos políticos. Los levantamientos de los 90, inicios del 2000, octubre de 2019 y junio de 2022, establecieron las bases para un proyecto de gobierno popular, ante lo cual,
demandamos al Estado ecuatoriano y a los binomios finalistas de las elecciones anticipadas 2023 nuestra siguiente agenda de lucha:
- Ratificamos las demandas planteadas en las movilizaciones de octubre 2019, y los diez puntos de lucha de junio 2022, que llevamos junto a los sectores sociales; nuestra lucha es contra el neoliberalismo, el FMI, el capitalismo extractivista y en defensa de los intereses de las mayorías populares y la madre naturaleza.
- Demandamos el cumplimiento inmediato de las decisiones democráticas del pueblo ecuatoriano en las Consultas Populares que dieron la victoria a la preservación del Yasuní y el Chocó Andino, conforme a lo establecido en el dictamen No. 6-22-CP/23, emitido por la Corte Constitucional. Establecer políticas estatales que limiten progresivamente el modelo extractivista hacia un modelo productivo basado en el desarrollo integral de la población y el respeto a la naturaleza.
- Moratoria inmediata y Auditoría integral, con la participación de la Corte Constitucional y una veeduría ciudadana especializada, a todas las concesiones mineras otorgadas, mediante la cual se verifique el cumplimiento del marco constitucional, derechos colectivos, derechos de la naturaleza y daños ambientales ocasionados.
- Establecer una Comisión Plurinacional de la Verdad, Justicia y Reparación, junto a organizaciones de pueblos y nacionalidades, trabajadores, mujeres, jóvenes, diversidades, que investigue las violaciones a DDHH a la población durante los levantamientos indígenas y populares de 2019 y 2022.
- Rechazo de las privatizaciones de sectores estratégicos y servicios públicos, abandono total del modelo de austeridad impulsadas por el FMI y el neoliberalismo, reflejado en mayores impuestos para la población, que solo han servido para el pago de la deuda externa.
- Exigir al Estado la recuperación, repotenciación y financiamiento del sistema de salud pública, garantizar los recursos económicos, personal, profesional y especializado. De la misma manera, la regulación y control en el precio de las medicinas y servicios de salud privados (incluidos los seguros médicos), como también la regulación de los procesos precontractuales y contractuales en la adquisición de medicinas e insumos para el Sistema de Salud Pública.
- Recuperación y fortalecimiento del sistema de educación público, comunitario e intercultural en todos los niveles. Determinación de políticas estatales que hagan de la educación un derecho fundamental de la población, no una mercancía. Recuperación de la infraestructura pública de las unidades de educación a nivel nacional.
- Urgente implementación de políticas públicas para erradicar la desnutrición infantil, para la nación es esencial garantizar y proteger el futuro de los niños, niñas y adolescentes.
- Políticas públicas efectivas para el control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y de insumos del sector productivo, se debe garantizar el acceso a la canasta básica familiar a todas las familias ecuatorianas.
- Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del acuerdo firmado 14 de octubre del 2022, a fin de que la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, pueda continuar su proceso de institucionalización.
- Exhortar al Estado el establecimiento de políticas y reformas legales que garanticen la propiedad comunitaria y titularización de los territorios ancestrales y la erradicación de políticas que promuevan la acumulación de la tierra productiva en pocas manos. Reforma agraria productiva, comunitaria y plurinacional que ponga límite a la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos.
- Incentivos y ayudas fiscales al desarrollo del sector agrícola y ganadero del Ecuador, especialmente para la agricultura familiar campesina que sostiene la soberanía alimentaria del país. Políticas que determinen protecciones especiales a productos agrícolas que puedan ser afectados por el comercio internacional, análisis de medidas arancelarias y fitosanitarias para defender la producción nacional.
- Exigir al Estado el establecimiento de políticas estatales y reformas legales que limiten el abuso de los bancos privados: a) transparentar el costo y utilidades de la banca privada, b) reducción de la tasa de interés del sistema bancario, c) reestructuración y condonación de deudas para los sectores populares y productivos, y d) definición de tributos especiales a las ganancias extraordinarias de la banca privada.
- Depuración de las instituciones de seguridad pública y del Estado, establecimiento de políticas estatales para la lucha contra el narcotráfico, las mafias locales e internacionales, las bandas de delincuencia común y lucha contra el terrorismo, dejando de lado la estrategia para deslegitimar la protesta social y a las organizaciones sociales.
- Rechazo a la reforma laboral que pretenda precarizar las condiciones de la clase obrera ecuatoriana y favorecer a los grandes capitales con medidas como: reducción de salarios, aumentar horas de trabajo, precarización del trabajo femenino, contratos sin estabilidad laboral, horaria o seguridad social.
- Fortalecimiento de la Seguridad Social y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. No a las reformas a la Seguridad Social con medidas como: subir la edad de jubilación, e incremento de las aportaciones de los afiliados. Prohibición a que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS compre cartera de la banca privada. Que se establezca un plan de pagos de la deuda del gobierno nacional con el IESS.
- Auditoría a la deuda pública incluyendo la deuda con multilaterales, con acreedores privados y con potencias extranjeras, exigir se recupere dineros y bienes de la corrupción y crimen organizado.
- Cobro de las deudas tributarias a los grandes grupos económicos, cuya deuda asciende a 2000 millones de dólares en pago de impuestos según el catastro de grupos económicos del SRI, (grupo Noboa adeuda 88 millones) e implementación de procesos de control ciudadano para garantizar la ejecución de este proceso y la equidad fiscal.
- Suspensión del trámite de firmas de tratados de libre comercio hasta que se transparenten las negociaciones y puntos de acuerdo, rechazo a todo acuerdo que afecte las economías campesinas, la producción nacional y los saberes ancestrales de los pueblos.
Para constancia de lo actuado firman:
