La CONAIE, junto con la CONFENIAE, el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), el Comité Interfederacional Shuar-Achuar, y el Frente Nacional Antiminero, manifestaron su firme oposición a las políticas mineras implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. En particular, la participación del Presidente Noboa en la convención minera PDAC y la promoción del Ecuador como “un destino minero”, así como la negociación con la empresa Solaris Resources para el desarrollo del proyecto Warintza en la Cordillera del Cóndor.
Las organizaciones enfatizaron que la minería es una amenaza directa a los territorios ancestrales, a la vida y a los derechos colectivos. El Pueblos Shuar Arutam, que representa a 47 comunidades y posee títulos colectivos sobre 232.500 hectáreas, reiteró su rechazo al proyecto minero Warintza argumentando la falta de una consulta previa, libre e informada, y el consentimiento requerido por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos de pueblos indígenas.
En conjunto, expresaron su preocupación por las negociaciones en curso de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Ecuador, pues dicho tratado favorece a las corporaciones transnacionales, especialmente las mineras, e incluye cláusulas de arbitraje internacional que podrían restringir la soberanía y autonomía regulatoria del Estado ecuatoriano, poniendo en riesgo los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos indígenas.
Denunciaron que el presidente Noboa tiene intereses en la minería, pues su principal motivación en este momento parece ser la venta del territorio ecuatoriano a Canadá, con el objetivo de obtener ganancias a través de las empresas que representan al grupo Noboa. En este sentido, reafirmaron que el patrimonio de Ecuador no es una mercancía capitalista, sino la vida misma de todos los ecuatorianos.
Condenaron la consulta mañosa que busca legitimar la apertura del catastro minero, lo cual ha resultado en la pérdida del 8% del territorio nacional. Ratificaron las propuestas hechas para considerar otras formas de economía, como el fortalecimiento del agro y el turismo, protegiendo así los territorios y la biodiversidad.
Finalmente, reiteraron el llamado a la unidad en cada territorio para hacer frente al avance de las políticas extractivas y neoliberales, con el fin de salvaguardar la vida y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
