Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Frente Nacional Antiminero CONAIE – FNA
Resoluciones Generales
- Fortalecer el Frente Nacional Antiminero como una articulación territorial de los pueblos y nacionalidades indígenas organizados en torno a la CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE así como de los territorios campesinos, cholos, afros y montubios con organizaciones locales propias, para luchar contra la minería, cuyo propósito es articular acciones a nivel local, nacional e internacional en defensa de los territorios.
- Denunciar la vinculación entre empresas, gobierno y minería ilegal que acechan a nuestros territorios. En ese sentido, exigimos al gobierno que cumpla con su obligación de erradicar la minería ilegal en lugar de militarizar los territorios indígenas campesinos.
- Impulsar acciones legales permanentes y de diversa índole para la defensa de los defensores y defensoras criminalizados de los territorios, contra las empresas que operan en violación de nuestros derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; y contras las normas inconstitucionales impuestas por el presidente Noboa y las diversas carteras de estado.
- Exigir a la Fiscalía y a la Judicatura abstenerse de usar y abusar de los tipos penales como: terrorismo y asociación ilícita para perseguir y criminalizar defensores y defensoras de los territorios que luchamos contra la minería. Especialmente de los 6 defensores criminalizados de las Naves y los 72 de Palo Quemado y las Pampas.
- Respaldar la lucha antiminera de Palo Quemado y las Pampas, rechazar la criminalización de los luchadores y luchadoras sociales de Las Naves y el hostigamiento de la minería capitalista sobre los territorios de los pueblos, mediante Acciones Solidarias en los territorios afectados por la minería los días martes 26 y miércoles 27 de marzo, y la llegada de delegaciones solidarias al territorio desde el día martes 26 de marzo.
- Rechazar la sentencia condenatoria de los compañeros de Las Naves ya que la defensa del territorio no es un delito y la resistencia es un derecho.
- Exigir la desmilitarización inmediata de los territorios de Palo Quemado y de las Pampas, siendo responsabilidad directa del presidente Noboa todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas hasta la fecha y otras que se generen en estos territorios.
- Fortalecer las Guardias Indígenas, Juntas de Defensa del Campesinado y las Guardias Comunitarias en general como un mecanismo eficaz que aporta a la seguridad y la defensa del territorio en el marco de la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno y los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y negros reconocidos en los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Constitución. Para ello nos autoconvocamos al II Encuentro Nacional de Guardias Indígenas y Comunitarias a desarrollarse en el mes de mayo del año en curso en unos de los territorios más afectados por la minería.
- Nos declaramos en asambleas territoriales permanentes y estamos alerta para responder a la llamada de un Levantamiento Nacional si se mantienen las condiciones de violencia, criminalización y la imposición de normativas inconstitucionales.
- Mantener una estrategia de comunicación para seguir denunciando las inconstitucionalidades y violencia estatal y del sector privado para imponer el extractivismo en nuestro territorio y contrarrestar el relato impuesto por los grandes medios de comunicación.
- La Asamblea del Frente Nacional Antiminero resuelve votar por unanimidad y consenso todo NO en el Referéndum y la Consulta Popular mañosa del presidente Noboa.
- No utilizar la lucha anti extractivista y en defensa de la vida con fines electorales o que favorezca agendas e intereses individuales de organizaciones, ONG o sectores políticos.
- Fortalecer la economía comunitaria, campesina, familiar y solidaria para que en los territorios se consoliden otras formas de producción y consumo, potenciando la diversidad ecológica, cultural y territorial.
- Rechazar la política pública de volcar los recursos del Estado a la agroexportación e impugnar los TLC, por las injusticias que generan y las formas de subordinación de la producción local; develando efectos nocivos para las economías populares y campesinas y la naturaleza.
- Solicitar a la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización público y transparente por el caso de graves violaciones de derechos humanos y colectivos en las Pampas y Palo Quemado, que se investiguen las inversiones del grupo de la familia del presidente Noboa en los proyectos mineros del país, lo que constituye un posible conflicto de intereses entre esos grupos con el presidente de la república.
- Iniciar un proceso de construcción de una alianza internacional para conformar “un gran frente internacional antiminero y antiextractivo”.
- Reivindicar el territorio marítimo de 200 millas frente a posibles acciones extractivas. No se puede ceder soberanía a las grandes transnacionales para que aprovechen el recurso pesquero.
Terroristas son los que contaminan el agua, criminalizan y persiguen defensores y defensoras, violan derechos y acuerdan agendas económicas con grandes empresas a espaldas del Pueblo.
Nosotros y nosotras nos reconocemos defensores y defensoras de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, hacemos un homenaje a todos los pueblos y nacionalidades, al campesinado, y a los compañeros y compañeras asesinados en las luchas por la defensa de nuestros bienes comunes.
Nos mantenemos en unidas, en resistencia y en la defensa de la memoria histórica de lucha.
