Ayer miércoles 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra en momentos donde la humanidad entera se enfrenta al COVID-19, una pandemia que ha evidenciado cómo es nuestra relación con la naturaleza, los ecosistemas y la totalidad de los seres vivos que habitamos en la tierra, así como nuestra fragilidad y capacidad de acción de los gobiernos para precautelar la salud de los habitantes, pero fundamentalmente, el avance del Coronavirus ha demostrado la importancia de preservar la naturaleza, los territorios libres de extractivismo y recursos naturales como el agua son la clave para nuestra sobrevivencia.
El Ecuador se enfrenta a una tragedia adicional, pues el pasado 07 de abril la Amazonía Norte, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, sufrió un gran derrame de petróleo por la rotura de la tubería del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), cabe mencionar que fue una tragedia anunciada pues estaría relacionado con el colapso de la cascada San Rafael el pasado 2 de febrero, por este derrame existen aproximadamente 118.000 personas afectadas, 2000 familias indígenas pertenecientes a 22 parroquias en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, además se vulneró los derechos al agua, la alimentación, la salud, al ambiente sano y la vida digna.
Desde el Estado se evidenció la inexistencia de un protocolo de reacción inmediata en esta emergencia ambiental pues las empresas OCP y Petroecuador no alertaron sobre el derrame inmediatamente y demoraron más de 10 días en la entrega de agua segura a la población, sometiéndola a esperar la lluvia para contar con este recurso, a pesar de conocer la relación integral de las comunidades amazónicas con la naturaleza y las actividades cotidianas como la pesca, salud, higiene, que realizan con el agua de los ríos. Los reportes de comuneros, presidentes de comunidades y comunicadores comunitarios junto a evidencias audiovisuales fueron claves para que se emitan las primeras alertas de la real magnitud y afectación ambiental del derrame petrolero.
A pesar de esta grave situación René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales, anunció en la Asamblea Nacional su intención de continuar con más fuerza las políticas extractivistas petrolera y la minería a gran escala , aprovechando el contexto de crisis mundial por el Coronavirus y la crisis que se vive en Ecuador, pero le recordamos a las autoridades y ministerios, que están pendientes los cumplimientos de sentencias en los casos: Waorani, Cofanes de Sinangoe y Piatúa, entre otros casos emblemáticos con sentencias favorables a la naturaleza.
La #MineríaConResponsabilidad es uno de los pilares para el desarrollo económico del Ecuador. pic.twitter.com/NZA2qGm7PK
— Minería Con Responsabilidad (@MineriaConResp) April 22, 2020
René Ortiz: “El futuro del Ecuador estaría en la minería y desde el ministerio brindaremos todos los impulsos a la minería industrial sin descuidar a la minería artesanal que ha estado vigente por años“. #SectoresQueTrabajanPorTi #QuédateEnCasa
— Recursos y Energía EC (@RecNaturalesEC) April 22, 2020
René Ortiz ha olvidado que la salida a la crisis está en la producción del campo que ha salvado al país y garantiza la alimentación de los ecuatorianos durante la emergencia santaria por COVID-19, el afianzamiento al extractivismo minero y petrolero es contrario a la vida de los pueblos. Los ríos Napo y Coca están envenenados de petróleo, las familias Kichwas en las riberas no tiene agua ni alimentos en medio de la pandemia debido al derrame, pero con toda ligereza el titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales expresa: “estamos en paz, estamos tranquilos” porque los contratos petroleros están seguros.
Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son reconocidos por la Constitución ecuatoriana, hoy más que nunca es fundamental la defensa de los recursos naturales y sobre todo del agua, antes de priorizar más contratos petroleros y concesiones mineras el Estado debe reparar y remediar a las víctimas de este derrame y cumplir las sentencias favorables que han logrado las comunidades amazónicas para proteger la naturaleza y los territorios, que hoy aseguran la producción y ayuda alimentaria para solventar la emergencia por avance del Covid-19.