Latacunga, 12 de enero de 2023
El ilegal y violento proyecto de Megaminería en el país, bajo su modalidad actual, se ha intentado imponer desde la década del 90 del siglo anterior, encontrándose con una población organizada y en resistencia que ha impedido su consolidación. Esta resistencia proviene de las luchas históricas de los pueblos indígenas y campesinos que enfrentan la actualización permanente de la economía colonial, hoy agravada por la voracidad capitalista, la intensificación de la represión, del neoliberalismo y la presencia del crimen organizado. En el momento actual, debido a la contundencia del Paro Nacional, Popular y Plurinacional de junio de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso se vio obligado a firmar un Acuerdo de Paz en base al programa de diez puntos, propuesto por la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. El programa, en su quinto punto, exigió la modificación de la política minera del Estado, la moratoria de la frontera extractiva minera y petrolera, la auditoría de las actividades extractivas, la remediación y reparación integral de los pasivos ambientales generados por la minería, la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas y la derogatoria de los Decretos 95 y 151. Si bien no se alcanzaron todos los objetivos, el Gobierno Nacional se comprometió a la modificación del Plan Nacional de Acción Minero y a no realizar actividades mineras en Áreas Protegidas, Territorios Indígenas, Zonas de Protección Hídrica, y Áreas Arqueológicas, así como a respetar los procesos de consulta previa, libre e informada y la ambiental.
Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lasso incumplió los acuerdos, de ahí que: reunidos el día 12 de enero de 2023 en la sede del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC, en la ciudad de Latacunga, de la provincia de Cotopaxi, con presencia de delegaciones de todo el país, después de un amplio análisis, resolvemos lo siguiente:
