NO AL PAQUETAZO AGRARIO Y LA MODERNIZACIÓN CONSERVADORA DEL CAMPO ECUATORIANO

LA LEY DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES ES UNA POLÍTICA ANTICAMPESINA, QUE SÓLO BENEFICIA AL AGRONEGOCIO

• Parte del concepto de la tierra como una mercancía y no como un derecho humano.
• Niega la concentración actual de la tierra en pocas manos, causal de la pobreza en el campo, y en su lugar, promueve la productividad de la tierra como único mecanismo de superación de la pobreza (maximiza la explotación de los suelos).
• Deja intactas las condiciones de desigualdad en al acceso a la tierra como parte de su alianza con el capital agroindustrial y del agronegocio.
• Es demagógico porque anuncia la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, pero no estipula límites o mecanismos claros y concretos para desconcentrar tierra o limitar el latifundio.
• Entiende la Soberanía Alimentaria como un simple acto de producción de alimentos de las agriculturas familiares, desconociendo el sentido político del campesinado al luchar históricamente por la tierra y el territorio.
• Incentiva un mercado de tierras que el Estado no puede controlar, y sobre el cual sólo se limita a administrar, burocratizándolo y generando una política clientelar de tierra.
• Impulsa el control y el disciplinamiento del sector campesino a través del mercado de tierras, el crédito para la compra de tierras y los proyectos productivos.
• La fórmula de distribución de la tierra que propone este proyecto de ley es la compra y venta de predios a precios de mercado, lo que hace imposible el acceso a la tierra de pequeños campesinos.
• La propuesta de desarrollo agropecuario tiene la visión del Estado del capital y los sectores agroindustriales, y no admite la participación de las organizaciones campesinas.
• Excluye al campesinado como sujeto importante de la dinámica económica, social y política del agro nacional, y lo presenta como un sujeto atrasado y empobrecido que debe ser intervenido por el Estado y modernizado por el capital.
• La Autoridad Agraria Nacional se constituye en la Autoridad Única de la Tierra al no generar mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones.
• Burocratiza el desarrollo rural, dejando en manos de la tecnocracia agraria el desarrollo de planes y proyectos, generación de información y criterios para medir la productividad.
• Promueve la descampesinización del agro y permite el avance de la agroindustria y el agronegocio sobre las tierras de pequeños y medianos campesinos.
• Abre las puertas a la inversión extranjera en el campo promoviendo mayores niveles de desigualdad.
• Acaba con las posibilidades de una reforma agraria integral propuesta por los sectores sociales, campesinos, pueblos y nacionalidades.
• Restringe el principio de plurinacionalidad a un simple reconocimiento cultural y deja de lado el carácter político territorial, sin generar mecanismo alguno para la reconstitución de los territorios ancestrales.
• No crea ningún mecanismo jurídico institucional que viabilice el ejercicio de los derechos colectivos ni define el rol del Estado respecto de éstos.
• En definitiva el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios ancestrales deja de lado a los sistemas comunitarios y privilegia a la agroindustria como principal sujeto de la economía agraria.